Comisión Ambiental de la UASD advirtió que este tipo de actuaciones no debe limitarse a operativos aislados

Nelson Batista Ángeles, propietario de una de las edificaciones intervenidas esta semana por el Ministerio de Medio Ambiente en las proximidades del río Maimón, en Juan Adrián, Monseñor Nouel, cuestionó la actuación de las autoridades y aseguró que contaba con autorizaciones para realizar trabajos en el terreno.

Batista, quien dijo haber adquirido el terreno hace unos tres años, dijo a Diario Libre que había obtenido un certificado de Medio Ambiente para labores de movimiento y nivelación de tierra, además de autorizaciones que atribuye al ayuntamiento y otras instancias locales para desarrollar la obra.

El Ministerio, sin embargo, indicó que el expediente correspondiente a una de las edificaciones intervenidas solo registra un Certificado de Registro de Impacto Mínimo para labores de limpieza y nivelación del terreno, autorización que, según la institución, no comprendía la construcción de una edificación y obligaba expresamente a respetar los 30 metros de protección del río Maimón.

De acuerdo con Medio Ambiente, inspecciones posteriores determinaron que en el lugar fue levantada una estructura de dos niveles y que tres de sus seis vértices penetraban la franja de protección establecida legalmente para las corrientes fluviales.

Batista rechazó que las condiciones de la obra justificaran su demolición. Sostuvo que una de las columnas de una terraza se encontraba a unos 29 metros y otra a aproximadamente 27 metros del río, según las mediciones que le fueron informadas por el arquitecto del proyecto.

Estas distancias son inferiores a los 30 metros de protección establecidos por la Ley 64-00, aunque el propietario cuestiona que la edificación afectara la ribera y asegura que el afluente se encuentra a un nivel inferior respecto al lugar donde fue levantada la villa.

Cuestiona el procedimiento

El propietario sostiene que la intervención se produjo cuando la villa se encontraba en una etapa avanzada de construcción y asegura que había invertido más de diez millones de pesos en el proyecto.

Batista cuestionó además la forma en que se desarrolló el operativo. Según su versión, él no se encontraba en Juan Adrián en el momento de la intervención y familiares y autoridades municipales acudieron posteriormente al lugar.

Afirmó que durante el procedimiento no observó la presencia de un fiscal y cuestionó que no se le presentara en ese momento documentación que justificara la actuación.

También atribuyó el conflicto a supuestas diferencias previas con el propietario de otra finca de la zona y alegó la existencia de «intereses particulares y políticos» detrás de la intervención.

Medio Ambiente dice que hubo paralizaciones previas

La versión de Medio Ambiente difiere también respecto a si la construcción avanzó sin advertencias de las autoridades.

La institución aseguró que el expediente documenta paralizaciones previas de los trabajos y que posteriormente se verificó que estos habían continuado. Según la nota oficial, las actuaciones en el lugar se remontan a agosto de 2025 y hubo nuevas paralizaciones durante 2026, antes de la intervención ejecutada esta semana.

Batista reconoció durante la entrevista haber recibido anteriormente notificaciones de Medio Ambiente, en la que ordenaban «derribar» unos árboles, aunque cuestionó su contenido y aseguró que previamente había realizado gestiones ante autoridades ambientales para defender la legalidad de su proyecto.

El propietario también sostuvo que un director provincial de Medio Ambiente visitó anteriormente la construcción y que, según su versión, no encontró razones para ordenar su demolición.

Medio Ambiente informó que la operación comprendió dos edificaciones que, conforme a sus inspecciones técnicas, ocupaban parcialmente la franja de protección del río Maimón. La actuación estuvo a cargo de la Dirección de Fiscalización Ambiental, con apoyo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).

Respaldan intervención, pero pide aplicación uniforme de la ley

La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) expresó su respaldo a la intervención al considerar que las construcciones se levantaron irregularmente dentro de la franja de protección del río.

No obstante, la comisión advirtió que este tipo de actuaciones no debe limitarse a operativos aislados y reclamó que la legislación ambiental sea aplicada con el mismo rigor frente a todas las infracciones, «sin privilegios ni selectividad«.

La entidad universitaria también planteó que las intervenciones deben ser acompañadas por investigaciones, determinación de daños, restauración de las áreas afectadas y las sanciones administrativas o judiciales correspondientes cuando procedan.